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Magistrados con graves infracciones no son castigados por una cuestión de plazos
La salud mental no se controla ni en el ingreso ni durante el ejercicio del cargo
El Poder judicial no hace públicas desde hace años las resoluciones disciplinarias
· Los periodistas, mejor callados, por Jan Martínez Ahrens
Mónica Ceberio Belaza / Manuel Altozano
Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de 2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.
El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.
En su juzgado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle, que debía estar en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que este matara a la niña Mariluz. Multa de 1.500 euros.
De la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo, abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de suspensión. El caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los límites que les impone.
La juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 días a José Campoy, al que había absuelto de robo. El Consejo constató su descontrol sobre los reclusos. Expulsada.
Los resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre España, hechos públicos esta semana, son preocupantes. El documento califica como uno de “los puntos débiles más importantes” del sistema judicial “la débil rendición de cuentas existente en la práctica”. “Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas”, señala el informe, que habla también de la “fuerte politización” del órgano de gobierno de los jueces y de los nombramientos de los miembros de los tribunales de más alto rango: “Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”. Algo que, junto al fuerte corporativismo, está también relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las sanciones entre sí.
Recibió 73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvió de prevaricación y permitió su vuelta. Está suspendido porque se le investiga por otro soborno.
Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos. Las toman cada día. No es solo la libertad o la prisión, en asuntos penales, o la protección de las mujeres maltratadas. Juzgados y tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios, despidos, herencias, pensiones, quiebras… La aplican a todo salvo, a veces, a sí mismos. Casos como el de Anguita o Martín ayudan a extender ese estado de opinión.
Quizá por ello, el Poder Judicial ha optado en los últimos años por una política de opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace público el fallo de los expedientes más sonados) que, hasta 2004, se publicaban en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales. Ahora no se facilitan ni a través del gabinete de prensa, que sí ofrece, sin embargo, los datos generales. EL PAÍS ha revisado los acuerdos del pleno y de la comisión disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.
Frenó una adopción por una pareja de lesbianas, lo que le valió una condena por retardo malicioso. El Supremo agravó su pena. Apreció prevaricación. 10 años de inhabilitación.
Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de las últimas estadísticas), el Poder Judicial inició 5.979 investigaciones contra jueces y magistrados, según cifras de la institución. De todas ellas, 204 (el 3,4%) originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en sanción (el 2,1%). En todo ese período, solo un magistrado (José Antonio Martín) fue expulsado de la carrera. Los castigos más duros —los previstos para las faltas que la ley califica de muy graves— se reparten entre 23 suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas graves que, en muchos casos, provocarían la dimisión de cualquier miembro de otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los jueces se zanjan con dos o tres años fuera de la carrera, tras los cuales vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches también son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo arroja ocho condenas por prevaricación desde 1998, y los fallos de los tribunales superiores de justicia en los últimos ocho años contra jueces y fiscales por este delito rondan la treintena.
Asesoró jurídicamente a un narco y trató de que sus compañeros de tribunal lo dejaran en libertad. El Supremo lo absolvió, pero el Poder Judicial lo expulsó.
Marbella. 1999. Pilar Ramírez no podía ejercer como juez en ese municipio de menos de 100.000 habitantes en el que su hermano y su padre tenían importantes intereses económicos en la zona. Pero lo hacía. Y participó en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jesús Gil, a pesar de que su familia había firmado convenios urbanísticos de gran cuantía económica con el Consistorio, que casualmente resultó muy beneficiado por la actuación de Ramírez. El Consejo la expulsó de la magistratura. Tres años después, el Supremo entendió que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsión, a pesar de reconocer el “ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial”, y rebajó la sanción a una suspensión de cuatro años. La magistrada se reincorporó en 2003. Hoy imparte justicia en Torremolinos.
Benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia.
Siete años después, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya —la trama de corrupción destapada en Marbella en el posgilismo— entregó 73.800 euros a Francisco Javier de Urquía. A cambio, Roca le pidió que prohibiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR, sobre el enorme patrimonio acumulado por el ex asesor de urbanismo. El juez cumplió su palabra. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó por cohecho a dos años de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a 17 de inhabilitación por prevaricación, pero unos meses después, la Sala Penal del Supremo le absolvió de este último delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso, permitió al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber delinquido, según los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no volver a ella tras una suspensión. Urquía, sin embargo, seguirá apartado porque ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricación en otro asunto de corrupción también instruido por él, el caso Hidalgo.
Cuando hay sanción disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los expedientes disciplinarios es de seis meses, “lo que ciertamente contrasta con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia”, reconoce el propio órgano de gobierno de los jueces en una resolución del 15 de abril de 2009. No son pocos los supuestos en los que gravísimas conductas han quedado sin sancionar porque el Supremo consideró que el expediente no se resolvió a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los trámites hasta el límite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa, los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, según reconocen fuentes del gobierno de los jueces.
Ocurrió, por ejemplo, con Coro Cillán, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un ejemplo de juez sancionada reiteradamente que continúa impartiendo justicia. Cuando era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de tres años después de la vista—. La sanción no le hizo cambiar de actitud. En 2002, el Consejo tenía de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos similares. El fiscal y el instructor pedían su expulsión de la carrera “por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo” y “para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave daño y reiterado para la administración de justicia”.
El Supremo anuló la suspensión de 12 años del juez Anguita por juzgar asuntos en los que tenía intereses
El Poder Judicial, aún admitiendo que los hechos eran “especialmente graves”, decidió que no tenían “la entidad suficiente como para acudir a la máxima sanción”, e impuso dos años de suspensión a Cillán. Un año más tarde, ese órgano se encontró de nuevo ante “retrasos injustificados, reiterados y muy graves” y la suspendió un año más, por la “trascendencia y repercusión social de su comportamiento”. El Supremo anuló la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se habían respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensión la dejó en una multa de 1.800 euros porque las dilaciones, según el tribunal, no habían tenido “una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general” de su juzgado.
Un desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 años que tardó el Consejo en actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El órgano de gobierno de los jueces sancionó a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el juzgado y no resolver. También se le abrieron dos expedientes más por faltas de respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso laboral. Arce se hacía llamar por todos “señoría ilustrísima” mientras se dirigía a sus funcionarios llamándoles “feo”, “calvo” o “gordo”.
El ambiente de “tensión y miedo” provocó que 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiquiátrico a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con “empaquetarlos” con expedientes. Sus malos modos también los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores, y él mismo confesó que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la tarde. Pero el Consejo dejó el asunto en una multa de 8.000 euros que después el Supremo le levantó. Como en el caso de Cillán, el expediente había caducado, según el tribunal. El órgano de gobierno de los jueces no inició los trámites para inhabilitar a Arce hasta 2010, tras su última suspensión, cuando acumulaba ya más de 500 causas sin resolver.
Entre 2008 y 2011 se estudiaron casi 6.000 quejas contra jueces. Fueron sancionados 126 (el 2%), y expulsado uno
Juan de Dios Anguita también se benefició del corto plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de Málaga fundó con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compró 18 viviendas de una promoción inmobiliaria. Como esta no funcionó, revendió las casas a la sociedad a las que se las había adquirido, Sherry Mirador. Para hacer frente al pago, la empresa hipotecó una finca sobre la que pesaban algunos embargos. El juez participó en varios procedimientos contra Sherry Mirador que afectaban a la deuda que él quería cobrar, y en uno de ellos invitó a las partes a llegar a un acuerdo “no sin cierta presión interesada”, según el Poder Judicial, que lo sancionó por seis faltas muy graves —no abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que debía hacerlo y ejercer actividades incompatibles con la condición de juez— a 12 años de suspensión de funciones. El Supremo lo anuló todo porque el procedimiento se había demorado demasiado.
Sucedió igual en el caso de José Manuel Raposo. El juez utilizó el poder que le daba el Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coupé 130, un modelo lanzado en 1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le exigían, a la tercera, superó la inspección. Pero al día siguiente mandó desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco días, 18.000 euros por daños y perjuicios. “Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años”, decía al jefe de inspección de la ITV en su escrito, al que amenazaba con “toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas” en caso de que no le abonara la cantidad. El Consejo lo suspendió por 12 meses en 2004, pero el Supremo anuló la sanción porque el expediente había tardado más de seis meses.
Hay casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces están de acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociación moderada Francisco de Vitoria cree que es un período más que suficiente que no hay que tocar, según su portavoz José Luis González Armengol. “Si se aumenta el tiempo de la caducidad, seguirían produciéndose disfunciones”, coincide la magistrada de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez. “Tampoco se pueden mantener abiertos los expedientes ad aetérnum”. Discrepa la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, José Luis Ramírez, opina que el plazo es insuficiente, sobre todo en algunos casos: “El juez, en un Estado democrático, tiene que responder por sus actos, y seis meses es poco para investigar según qué expedientes. Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucción más amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean más cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales”.
Las sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a sí mismos. Las faltas graves las sanciona la comisión disciplinaria del Poder Judicial. Después, en recurso, decide el pleno de ese órgano, que es también el encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la institución son magistrados de carrera. Los sancionados, además, recurren sistemáticamente ante el Supremo, que toma la última decisión. Así que las irregularidades se dirimen entre compañeros.
Un caso paradigmático que multiplicó las acusaciones de corporativismo fue el del juez sevillano Rafael Tirado, que no envió a prisión a Santiago del Valle, condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubrió que este había asesinado a la niña Mariluz Cortés. El expediente se había traspapelado. Frente al clamor popular y la petición del fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de multa. En esa ocasión, la tradicional división entre progresistas y conservadores en ese órgano se convirtió en una fractura entre los vocales procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jurídicos (7). Los primeros impusieron la sanción económica frente a dos fiscales y tres abogados partidarios de la suspensión. El Supremo bendijo la multa.
Manuel Arce acumuló durante 10 años 500 asuntos sin resolver, antes de que se inciara su inhabilitación
Otras veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. Ángel Luis del Olmo fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y desconsideración con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo) provocó entre los trabajadores del juzgado “situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, así como de repulsión, debido a su falta de higiene y aseo personal”, según la resolución. El magistrado les lanzaba expresiones como “usted está aquí para servirme”, “la ley soy yo” o “aquí manu militari”, y cuando le replicaban, respondía con frases como “por mis cojones” o “aquí mando yo”. “Los funcionarios no podían soportar su hedor corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los pies, los oídos, la nariz o les salpicara con la saliva”, relata el acuerdo. “Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando”, prosigue. “No es cierto que no sea higiénico. Me afeito todos los días y me pongo corbata en los juicios”, dijo Del Olmo tras conocer su sanción. “Estuve una semana sin agua, pero no es culpa mía”, añadió. Dos años después, el Supremo le rebajó la sanción a 5.000 euros.
Otro problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos psíquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros funcionarios, no se evalúa ni antes ni después del ingreso en la carrera. Salvo que lo pida el propio magistrado —lo que no es habitual por la importante reducción de sueldo que supone—, es el Consejo el que promueve la incapacitación. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes con padecimientos psíquicos, y la comisión disciplinaria de este organismo pidió en febrero de 2008 que se abordara el problema porque suponía “un perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos”. El pleno se negó para no crear una “alarma social injustificada”.
Los casos que llegan a esa comisión son preocupantes. Una resolución de 2009 sobre una juez que acumulaba retrasos y creía que sus compañeros la perseguían asegura que, según el forense, la magistrada padecía “una situación de disminución del funcionamiento neurocognitivo e ideación delirante que le imposibilitan para la función de magistrado-juez”. La patología ya estaba presente “presumiblemente, en periodos muy anteriores”, y se habla de una depresión “de más de 15 años de evolución”. El caso acabó con la apertura de un expediente de jubilación por incapacidad, pero la magistrada juzgó durante años sin estar capacitada.
Es un secreto a voces que hay compañeros con trastornos psíquicos y que sus casos no se abordan con rapidez, dice un juez
El pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvió el caso de una juez destinada en una Audiencia Provincial que padecía “trastorno adaptativo con reacción de ansiedad”. Le había sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese momento, pasó largas temporadas de baja, pero también otras tantas de actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La relación con sus compañeras de sección devino imposible. Acusó a la presidenta de la sección de ser “una choriza y una delincuente” y a otra compañera de no tener “ni puta idea”. Su psiquiatra, en un informe de 2009, alegó que tenía una “ansiedad de carácter fóbico”, y que el “simple hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba”. El problema era que su modo trabajar era demasiado “riguroso, muy responsable y concienzudo”. Fue sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos graves.
En este punto están de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el problema de los magistrados con trastornos psíquicos. “Es necesario potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los compañeros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el de la justicia”, señalan desde la asociación Francisco de Vitoria. “La evaluación de la salud mental de los jueces debería hacerse en el momento del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma”, opina la portavoz de la APM. “Y creemos que debería llevarse a cabo a través de un sistema de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados”. “Es un secreto a voces que hay compañeros con anomalías psiquiátricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez”, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, que coincide con los demás en la necesidad de articular una regulación eficaz a través de la prevención de riesgos laborales y la instauración de controles psicológicos periódicos.
¿Creen los jueces que, en general, el sistema de rendición de cuentas funciona? “Sí”, responde González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Además de la responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se comporta con corrección por lo general, y el régimen disciplinario es durísimo, no blando”. “Se investigan muchísimos casos y las sanciones son duras”, contesta María Teresa Sáez, de la APM. “A veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que en comparación con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones. Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros también nos indignan porque no queremos según qué compañeros de viaje, pero no se pueden generalizar”.
Jueces para la Democracia, sin embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces, cree que “es necesario un desarrollo reglamentario que fije los trámites del procedimiento y que tipifique de forma mucho más precisa las infracciones y la gradación de la sanción”, afirma su portavoz, José Luis Ramírez. “Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La práctica, además, plantea otros problemas. La politización del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno discrepa del contenido de alguna resolución se ataque disciplinariamente al juez a través de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que determinados casos muy mediáticos que llegan a ese órgano no sean juzgados con imparcialidad”.
Fuente:
El escrito que sigue, hace un año que fue publicado por mi hija. En este tiempo, al igual que ha venido aconteciendo desde hace demasiado tiempo en diversos colegios, NADIE, en modo alguno se preocupó de esa niña marginada y sentenciada a la mayor de las soledades por unas instituciones que lejos de protegerla y velar por sus intereses, la han exiliado al olvido cómodo de quienes la utilizaron para desprestigiar al padre y de paso, ni siquiera permitirle a ella que expresara sus duras vivencias en su entorno escolar, lejos de los apoyos y clima afectivo que necesitaba. Era la forma represiva del sistema educativo y compinches institucionales para ningunear las graves manifestaciones de esa niña, intentando esconder sus ineptitudes y las muchas quejas dadas por el padre, desde que tras el inicio de la escolarización de la niña esos inútiles camorristas demostraron su incapacidad por ayudar a una niña con una serie de problemas, disfrazando esas ineptitudes a base de falsas y muy graves denuncias hacia el padre.
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Manuel Rodríguez G.
No hablamos de alimentos perecederos, gracias al consumismo compulsivo sistemático impuesto y abducido por las muy agresivas políticas del sistema tirano-capitalista.
