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domingo, 26 de febrero de 2012

Cuando su señoría es el sancionado (o no)

 

Magistrados con graves infracciones no son castigados por una cuestión de plazos

La salud mental no se controla ni en el ingreso ni durante el ejercicio del cargo

El Poder judicial no hace públicas desde hace años las resoluciones disciplinarias

· Los periodistas, mejor callados, por Jan Martínez Ahrens

Mónica Ceberio Belaza / Manuel Altozano

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Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de 2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.

clip_image004Rafael Tirado

En su juzgado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle, que debía estar en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que este matara a la niña Mariluz. Multa de 1.500 euros.

De la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo, abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de suspensión. El caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los límites que les impone.

 

clip_image005Adelina Entrena

La juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 días a José Campoy, al que había absuelto de robo. El Consejo constató su descontrol sobre los reclusos. Expulsada.

Los resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre España, hechos públicos esta semana, son preocupantes. El documento califica como uno de “los puntos débiles más importantes” del sistema judicial “la débil rendición de cuentas existente en la práctica”. “Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas”, señala el informe, que habla también de la “fuerte politización” del órgano de gobierno de los jueces y de los nombramientos de los miembros de los tribunales de más alto rango: “Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”. Algo que, junto al fuerte corporativismo, está también relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las sanciones entre sí.

 

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Francisco Javier de Urquía

Recibió 73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvió de prevaricación y permitió su vuelta. Está suspendido porque se le investiga por otro soborno.

Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos. Las toman cada día. No es solo la libertad o la prisión, en asuntos penales, o la protección de las mujeres maltratadas. Juzgados y tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios, despidos, herencias, pensiones, quiebras… La aplican a todo salvo, a veces, a sí mismos. Casos como el de Anguita o Martín ayudan a extender ese estado de opinión.

Quizá por ello, el Poder Judicial ha optado en los últimos años por una política de opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace público el fallo de los expedientes más sonados) que, hasta 2004, se publicaban en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales. Ahora no se facilitan ni a través del gabinete de prensa, que sí ofrece, sin embargo, los datos generales. EL PAÍS ha revisado los acuerdos del pleno y de la comisión disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.

 

clip_image007Fernando Ferrín Calamita

Frenó una adopción por una pareja de lesbianas, lo que le valió una condena por retardo malicioso. El Supremo agravó su pena. Apreció prevaricación. 10 años de inhabilitación.

Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de las últimas estadísticas), el Poder Judicial inició 5.979 investigaciones contra jueces y magistrados, según cifras de la institución. De todas ellas, 204 (el 3,4%) originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en sanción (el 2,1%). En todo ese período, solo un magistrado (José Antonio Martín) fue expulsado de la carrera. Los castigos más duros —los previstos para las faltas que la ley califica de muy graves— se reparten entre 23 suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas graves que, en muchos casos, provocarían la dimisión de cualquier miembro de otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los jueces se zanjan con dos o tres años fuera de la carrera, tras los cuales vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches también son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo arroja ocho condenas por prevaricación desde 1998, y los fallos de los tribunales superiores de justicia en los últimos ocho años contra jueces y fiscales por este delito rondan la treintena.

 

clip_image008José Antonio Martín

Asesoró jurídicamente a un narco y trató de que sus compañeros de tribunal lo dejaran en libertad. El Supremo lo absolvió, pero el Poder Judicial lo expulsó.

Marbella. 1999. Pilar Ramírez no podía ejercer como juez en ese municipio de menos de 100.000 habitantes en el que su hermano y su padre tenían importantes intereses económicos en la zona. Pero lo hacía. Y participó en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jesús Gil, a pesar de que su familia había firmado convenios urbanísticos de gran cuantía económica con el Consistorio, que casualmente resultó muy beneficiado por la actuación de Ramírez. El Consejo la expulsó de la magistratura. Tres años después, el Supremo entendió que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsión, a pesar de reconocer el “ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial”, y rebajó la sanción a una suspensión de cuatro años. La magistrada se reincorporó en 2003. Hoy imparte justicia en Torremolinos.

 

clip_image009Pilar Ramírez

Benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia.

Siete años después, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya —la trama de corrupción destapada en Marbella en el posgilismo— entregó 73.800 euros a Francisco Javier de Urquía. A cambio, Roca le pidió que prohibiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR, sobre el enorme patrimonio acumulado por el ex asesor de urbanismo. El juez cumplió su palabra. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó por cohecho a dos años de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a 17 de inhabilitación por prevaricación, pero unos meses después, la Sala Penal del Supremo le absolvió de este último delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso, permitió al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber delinquido, según los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no volver a ella tras una suspensión. Urquía, sin embargo, seguirá apartado porque ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricación en otro asunto de corrupción también instruido por él, el caso Hidalgo.

Cuando hay sanción disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los expedientes disciplinarios es de seis meses, “lo que ciertamente contrasta con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia”, reconoce el propio órgano de gobierno de los jueces en una resolución del 15 de abril de 2009. No son pocos los supuestos en los que gravísimas conductas han quedado sin sancionar porque el Supremo consideró que el expediente no se resolvió a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los trámites hasta el límite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa, los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, según reconocen fuentes del gobierno de los jueces.

Ocurrió, por ejemplo, con Coro Cillán, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un ejemplo de juez sancionada reiteradamente que continúa impartiendo justicia. Cuando era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de tres años después de la vista—. La sanción no le hizo cambiar de actitud. En 2002, el Consejo tenía de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos similares. El fiscal y el instructor pedían su expulsión de la carrera “por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo” y “para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave daño y reiterado para la administración de justicia”.

El Supremo anuló la suspensión de 12 años del juez Anguita por juzgar asuntos en los que tenía intereses

El Poder Judicial, aún admitiendo que los hechos eran “especialmente graves”, decidió que no tenían “la entidad suficiente como para acudir a la máxima sanción”, e impuso dos años de suspensión a Cillán. Un año más tarde, ese órgano se encontró de nuevo ante “retrasos injustificados, reiterados y muy graves” y la suspendió un año más, por la “trascendencia y repercusión social de su comportamiento”. El Supremo anuló la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se habían respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensión la dejó en una multa de 1.800 euros porque las dilaciones, según el tribunal, no habían tenido “una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general” de su juzgado.

Un desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 años que tardó el Consejo en actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El órgano de gobierno de los jueces sancionó a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el juzgado y no resolver. También se le abrieron dos expedientes más por faltas de respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso laboral. Arce se hacía llamar por todos “señoría ilustrísima” mientras se dirigía a sus funcionarios llamándoles “feo”, “calvo” o “gordo”.

El ambiente de “tensión y miedo” provocó que 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiquiátrico a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con “empaquetarlos” con expedientes. Sus malos modos también los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores, y él mismo confesó que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la tarde. Pero el Consejo dejó el asunto en una multa de 8.000 euros que después el Supremo le levantó. Como en el caso de Cillán, el expediente había caducado, según el tribunal. El órgano de gobierno de los jueces no inició los trámites para inhabilitar a Arce hasta 2010, tras su última suspensión, cuando acumulaba ya más de 500 causas sin resolver.

Entre 2008 y 2011 se estudiaron casi 6.000 quejas contra jueces. Fueron sancionados 126 (el 2%), y expulsado uno

Juan de Dios Anguita también se benefició del corto plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de Málaga fundó con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compró 18 viviendas de una promoción inmobiliaria. Como esta no funcionó, revendió las casas a la sociedad a las que se las había adquirido, Sherry Mirador. Para hacer frente al pago, la empresa hipotecó una finca sobre la que pesaban algunos embargos. El juez participó en varios procedimientos contra Sherry Mirador que afectaban a la deuda que él quería cobrar, y en uno de ellos invitó a las partes a llegar a un acuerdo “no sin cierta presión interesada”, según el Poder Judicial, que lo sancionó por seis faltas muy graves —no abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que debía hacerlo y ejercer actividades incompatibles con la condición de juez— a 12 años de suspensión de funciones. El Supremo lo anuló todo porque el procedimiento se había demorado demasiado.

Sucedió igual en el caso de José Manuel Raposo. El juez utilizó el poder que le daba el Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coupé 130, un modelo lanzado en 1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le exigían, a la tercera, superó la inspección. Pero al día siguiente mandó desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco días, 18.000 euros por daños y perjuicios. “Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años”, decía al jefe de inspección de la ITV en su escrito, al que amenazaba con “toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas” en caso de que no le abonara la cantidad. El Consejo lo suspendió por 12 meses en 2004, pero el Supremo anuló la sanción porque el expediente había tardado más de seis meses.

Hay casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces están de acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociación moderada Francisco de Vitoria cree que es un período más que suficiente que no hay que tocar, según su portavoz José Luis González Armengol. “Si se aumenta el tiempo de la caducidad, seguirían produciéndose disfunciones”, coincide la magistrada de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez. “Tampoco se pueden mantener abiertos los expedientes ad aetérnum”. Discrepa la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, José Luis Ramírez, opina que el plazo es insuficiente, sobre todo en algunos casos: “El juez, en un Estado democrático, tiene que responder por sus actos, y seis meses es poco para investigar según qué expedientes. Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucción más amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean más cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales”.

Las sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a sí mismos. Las faltas graves las sanciona la comisión disciplinaria del Poder Judicial. Después, en recurso, decide el pleno de ese órgano, que es también el encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la institución son magistrados de carrera. Los sancionados, además, recurren sistemáticamente ante el Supremo, que toma la última decisión. Así que las irregularidades se dirimen entre compañeros.

Un caso paradigmático que multiplicó las acusaciones de corporativismo fue el del juez sevillano Rafael Tirado, que no envió a prisión a Santiago del Valle, condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubrió que este había asesinado a la niña Mariluz Cortés. El expediente se había traspapelado. Frente al clamor popular y la petición del fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de multa. En esa ocasión, la tradicional división entre progresistas y conservadores en ese órgano se convirtió en una fractura entre los vocales procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jurídicos (7). Los primeros impusieron la sanción económica frente a dos fiscales y tres abogados partidarios de la suspensión. El Supremo bendijo la multa.

Manuel Arce acumuló durante 10 años 500 asuntos sin resolver, antes de que se inciara su inhabilitación

Otras veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. Ángel Luis del Olmo fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y desconsideración con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo) provocó entre los trabajadores del juzgado “situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, así como de repulsión, debido a su falta de higiene y aseo personal”, según la resolución. El magistrado les lanzaba expresiones como “usted está aquí para servirme”, “la ley soy yo” o “aquí manu militari”, y cuando le replicaban, respondía con frases como “por mis cojones” o “aquí mando yo”. “Los funcionarios no podían soportar su hedor corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los pies, los oídos, la nariz o les salpicara con la saliva”, relata el acuerdo. “Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando”, prosigue. “No es cierto que no sea higiénico. Me afeito todos los días y me pongo corbata en los juicios”, dijo Del Olmo tras conocer su sanción. “Estuve una semana sin agua, pero no es culpa mía”, añadió. Dos años después, el Supremo le rebajó la sanción a 5.000 euros.

Otro problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos psíquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros funcionarios, no se evalúa ni antes ni después del ingreso en la carrera. Salvo que lo pida el propio magistrado —lo que no es habitual por la importante reducción de sueldo que supone—, es el Consejo el que promueve la incapacitación. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes con padecimientos psíquicos, y la comisión disciplinaria de este organismo pidió en febrero de 2008 que se abordara el problema porque suponía “un perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos”. El pleno se negó para no crear una “alarma social injustificada”.

Los casos que llegan a esa comisión son preocupantes. Una resolución de 2009 sobre una juez que acumulaba retrasos y creía que sus compañeros la perseguían asegura que, según el forense, la magistrada padecía “una situación de disminución del funcionamiento neurocognitivo e ideación delirante que le imposibilitan para la función de magistrado-juez”. La patología ya estaba presente “presumiblemente, en periodos muy anteriores”, y se habla de una depresión “de más de 15 años de evolución”. El caso acabó con la apertura de un expediente de jubilación por incapacidad, pero la magistrada juzgó durante años sin estar capacitada.

Es un secreto a voces que hay compañeros con trastornos psíquicos y que sus casos no se abordan con rapidez, dice un juez

El pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvió el caso de una juez destinada en una Audiencia Provincial que padecía “trastorno adaptativo con reacción de ansiedad”. Le había sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese momento, pasó largas temporadas de baja, pero también otras tantas de actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La relación con sus compañeras de sección devino imposible. Acusó a la presidenta de la sección de ser “una choriza y una delincuente” y a otra compañera de no tener “ni puta idea”. Su psiquiatra, en un informe de 2009, alegó que tenía una “ansiedad de carácter fóbico”, y que el “simple hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba”. El problema era que su modo trabajar era demasiado “riguroso, muy responsable y concienzudo”. Fue sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos graves.

En este punto están de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el problema de los magistrados con trastornos psíquicos. “Es necesario potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los compañeros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el de la justicia”, señalan desde la asociación Francisco de Vitoria. “La evaluación de la salud mental de los jueces debería hacerse en el momento del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma”, opina la portavoz de la APM. “Y creemos que debería llevarse a cabo a través de un sistema de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados”. “Es un secreto a voces que hay compañeros con anomalías psiquiátricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez”, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, que coincide con los demás en la necesidad de articular una regulación eficaz a través de la prevención de riesgos laborales y la instauración de controles psicológicos periódicos.

¿Creen los jueces que, en general, el sistema de rendición de cuentas funciona? “Sí”, responde González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Además de la responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se comporta con corrección por lo general, y el régimen disciplinario es durísimo, no blando”. “Se investigan muchísimos casos y las sanciones son duras”, contesta María Teresa Sáez, de la APM. “A veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que en comparación con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones. Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros también nos indignan porque no queremos según qué compañeros de viaje, pero no se pueden generalizar”.

Jueces para la Democracia, sin embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces, cree que “es necesario un desarrollo reglamentario que fije los trámites del procedimiento y que tipifique de forma mucho más precisa las infracciones y la gradación de la sanción”, afirma su portavoz, José Luis Ramírez. “Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La práctica, además, plantea otros problemas. La politización del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno discrepa del contenido de alguna resolución se ataque disciplinariamente al juez a través de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que determinados casos muy mediáticos que llegan a ese órgano no sean juzgados con imparcialidad”.

Fuente:

http://politica.elpais.com/

martes, 21 de febrero de 2012

Un año más de discriminación y marginación, sin que nadie de la cara

 

Manuel Rodríguez G.

El escrito que sigue, hace un año que fue publicado por mi hija. En este tiempo, al igual que ha venido aconteciendo desde hace demasiado tiempo en diversos colegios, NADIE, en modo alguno se preocupó de esa niña marginada y sentenciada a la mayor de las soledades por unas instituciones que lejos de protegerla y velar por sus intereses, la han exiliado al olvido cómodo de quienes la utilizaron para desprestigiar al padre y de paso, ni siquiera permitirle a ella que expresara sus duras vivencias en su entorno escolar, lejos de los apoyos y clima afectivo que necesitaba. Era la forma represiva del sistema educativo y compinches institucionales para ningunear las graves manifestaciones de esa niña, intentando esconder sus ineptitudes  y las muchas quejas dadas por el padre, desde que tras el inicio de la escolarización de la niña esos inútiles camorristas demostraron su incapacidad por ayudar a una niña con una serie de problemas, disfrazando esas ineptitudes a base de falsas y muy graves denuncias hacia el padre.

Tras nuevos hostigamiento de Servicios Sociales e Igualdad, y mi réplica en mayo y junio pasado, ambos han callado, reflejando el cínico y cobarde papel real representado por estos emisarios de la hipocresía institucional:

http://elcuadernodeguillermonoacoso.blogspot.com/2011/06/cita-ciegas-con-torquemadas.html

http://elcuadernodeguillermonoacoso.blogspot.com/2011/06/la-ex-directora-general-de-infancia-y.html

http://elcuadernodeguillermonoacoso.blogspot.com/2011/07/represion-vs-insumision-en-la-junta-de_03.html

http://elcuadernodeguillermonoacoso.blogspot.com/2011/07/al-delegado-provincial-de-educacion-en.html

A todos esos múltiples personajes que la dañaron e incluso que con su silencio nada hicieron por ayudara esa niña yo los maldigo por complacientes y cobardes…

 

RECUERDO DE MI ÚLTIMO DÍA DE CLASE

De nuevo me ha venido a la memoria el último día de clase. Recuerdo que me lo pasé fatal.

Cuando llegue a clase ya estaban murmurando y antes de que viniese la profesora, Antonio, un niño de mi clase empezó a hacerse el llorica para burlarse de mí.

Al rato saqué los folios y puse mi nombre porque teníamos que hacer un examen. A continuación dos niñas que estaban sentadas al lado mío al verme escribir dijeron que yo estaba pintando entre risas y burlas.

Después de 2 horas nos teníamos que ir a confesarnos al Cura y los que no queríamos nos quedamos en clase con el profesor de Naturales.

Cuando llegó dijo los que habíamos aprobado definitivamente y una de las gemelas dijo: -¿Por qué Silvia ha aprobado con un cuatro y pico?

El maestro dijo yo había aprobado porque me había esforzado y había trabajado mucho, pero me pareció muy vulgar por su parte porque no le llamó la atención y siempre se refieren a mí.

Cuando se fue a por unas cosas Antonio le dijo a Moisés (un niño con grandes problemas mentales) que se sentase a mi lado.Estrella

Nosotros estábamos sentados solos cerca del profesor y los otros niños estaban sentados atrás burlándose de nosotros. A los pocos minutos ya estando el profesor empecé a llorar porque vi que se burlaban de mí y de ese niño cuchicheando y yo le mire al profesor y me di cuenta que se hacia el despistado porque estaba enfrente de mi y me había mirado pero no dijo nada.EstrellaEstrella

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Estuve llorando hasta que se acabó la clase.

Cuando ya estábamos en el recreo seguí llorando porque me sentía fatal y sola. La profesora de Lengua vino hacia mí y me pregunto qué porque no estaba con mis compañeras.

Después le conté que no estaba con las niñas de mi clase porque me daban de lado.

Luego la profesora me dijo que no pensase mal de las personas, que ellas me querían mucho y querían estar a mi lado. Siempre decían lo mismo.

A continuación le volví a decir que yo no estaba con las niñas de mi clase porque me daban de lado y se burlaban de mí y eso era cierto, aunque ni me escuchaba ni me hacia caso.

Después me repitió lo mismo varias veces.

Cuando mi profesora acabó ya aquel discurso; una muchacha que era de otra clase que se llamaba María al verme triste me preguntó que qué me pasaba.EstrellaEstrellaEstrella

A continuación le explique lo que me pasaba y otra vez me entraron ganas de llorar.

Luego me presentó a sus amigas y me contó que a ella también le había pasado algo parecido y que no me preocupase porque ya éramos amigas.

Al poco vinieron las niñas que daban de lado y dijeron qué me pasaba, disimulando como si les importase.

María, la chica de la otra clase les dijo que no me pasaba nada y que me dejasen en paz.

Una de las niñas que me daban de lado dijo pero si hoy no habido ningún cumpleaños; y vino a decir como si llorase por cualquier tontería sin importancia.

Cuando ya se fueron, María me preguntó si esas son las que metían conmigo luego yo le dije que sí y me siguió animando.

Desde ese momento me sentí mejor y me di cuenta que esa muchacha era muy amable y que de verdad se quería hacer amiga mía y no como las otras.

Ese día cuando llegué a casa me di cuenta que odiaba el colegio o por lo menos muchas compañías falsas que dicen unas cosas y luego hacen lo contrario porque me hacen mucho daño.

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María, la de Almendralejo, la que me ayudó era diferente y muy amable pero yo ya no era capaz de seguir yendo al colegio.

Gracias María Rodríguez Moriñigo Sonrisa  EstrellaEstrellaEstrella

 

NOTAS Y REFERENCIAS SOBRE ESE ESCRITO:

EstrellaMoises: Repásese

http://bitacoraacosoescolarbullying.blogspot.com/2011/07/instrucciones-para-una-adecuada.html

EstrellaEstrellaProfesor de Ciencias Naturales: Repásese

http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2011/04/educacion-sin-trabas-y-motivadora.html

EstrellaEstrellaEstrellaMaría Moriñigo: Repásese

http://deficitdeatencioneinatencion.blogspot.com/2011/07/maria-una-excepcional-companera.html

 

Otras referencias relacionadas:

 http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2011/07/de-cobardias-y-otras-actitudes-grupales.html

http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2011/07/de-cobardias-y-otras-actitudes-grupales_21.html

http://36tulipanesvioletas.blogspot.com/2010/12/mis-sentimientos.html

 

Fuente:

http://36tulipanesvioletas.blogspot.com/2011/02/recuerdo-de-mi-ultimo-dia-de-clase.html

domingo, 19 de febrero de 2012

18 de febrero: Día mundial del Síndrome de Asperger y algo más: Reflexiones desesperadas contra el mutismo social y a la administración en particular

 

Manuel Rodríguez G.

Pepi es una madre que tiene un niño, Juanjo, con Síndrome de Asperger. Las autoridades catalanas le han negado una serie de ayudas y apoyos a nivel educativo, social y sanitario, al que, como cualquier niño con su problemática tiene derecho.

Hace unos meses se vio obligada a ponerse en huelga de hambre, aunque no era la primera vez desgraciadamente, pues ya le habían engañado y defraudado, tras verbalmente ofrecerle un mínimo de ayudas y apoyos. En esta última ocasión pudo conseguir las ayudas correspondientes a las medicinas que Juanjo necesita, según el criterio de especialistas médicos que diagnosticaron este Síndrome autístico, aunque éstas no se las garantizan por el momento como fármacos de largo tratamiento y como ya le sucediese anteriormente puede darse el caso de que, en cualquier momento, le denieguen esas subvenciones, nada baratas para la economía tan frágil y escuálida que la familia tiene.

A su vez, la palabra de un político de su ciudad, su alcalde en este caso, prometió ayudarla en los gastos de locomoción que le ocasiona a la familia el tener que desplazarse con Juanjo diariamente para asistir a clase en otra población. Sin embargo la amnesia selectiva interesada tan típica en la clase política hizo su aparición y finalmente no ha obtenido esa ayuda tan necesaria y lógica que puede coartar sin duda alguna la asistencia de Juanjo a su colegio habitual, donde Pepi, su madre confiesa que está bastante bien, dada su correcta inclusión y apoyos en esa escuela.

Estos hechos unidos a la afectación del marido por una enfermedad neurodegenerativa que le impide trabajar, y por la que cobra una pequeña pensión, hacen que Pepi, aún a pesar de trabajar esporádicamente en lo que buenamente encuentra, limpiando escaleras normalmente, no disponga de la necesaria calma y tranquilidad de saber si antes o después se verá incapaz de poder seguir llevando a su hijo a esa escuela, dado que su economía es muy deficitaria.

Llegados a este punto yo me pregunto, ¿dónde están esas publicitadas ayudas a familias y alumnado como el que aquí presento, aún incluso de que Juanjo sea gran dependiente y de la grave situación socioeconómica y sanitaria de toda la familia. ¿por qué no aplican los correspondientes Servicios Sociales, que me constan han sido detractores  e incluso represores con esta madre, las debidas ayudas que deberían garantizar un mínimo de protección social ante situaciones tan dramáticas como estas?

¿Por qué si el Estado y más concretamente el Sistema Educativo, contempla ayudas para psicoterapia, transporte, libros, etc. para alumnado con Necesidades Educativas Específicas y/o Especiales, no atiende los gastos de desplazamiento desde su localidad de residencia a su colegio?

¿Qué esperan no pocas organizaciones, que se denominan NO GUBERNAMENTALES y que conocen esta grave situación, para ayudar a esta familia y conseguir que los derechos inherentes de Juanjo como menor y deshabilitado institucionalmente (discapacitado) se lleven a cabo dentro de marcos tan concretos como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados, suscrita por España o la propia L.O.E. establecen?.

En definitiva, ¿por qué una madre tiene que ahogarse irremediablemente en un pozo sin esperanza y obligada por la desidia institucional y social  a ejercer huelgas de hambre cual presión a un suicidio obligado, lento e irremediable por parte de los muchos que callan y otorgan con su pasividad cobarde y que inconscientemente la empujan a ello.

Os dejo con uno de los frecuentes gritos de auxilio que esta madre viene realizando, pero que a menudo como llantos sordos nadie parece escuchar o lo peor: quererlos escuchar…

Ayudémosla a que sea oída y sobre todo su hijo sea atendido. Sólo pide que esas ayudas de transporte para asistir al colegio se verifiquen y que la farmacología sea continúa y no supeditada a caprichosas órdenes trimestrales, que en cualquier momento puedan ser denegadas.

AYUDEMOS A JUANJO. PÁSALO, POR FAVOR. ENTRE TODOS, ALGO SE NOS OCURRIRÁ Sonrisa

 

Pepi González

Buenos días... estoy cansada muy cansada

 

Carta a la administración y a todos


 

SI TE QUEDAS HASTA MI ESPACÍO ..QUEDATE CON MI PROBLEMA ..BUENO SE QUE ESTA FRASE ES MUY DIFICIL QUE ALGUIEN SEPA LO QUE DIGO , PERO YO SI Y SIENTO MUCHO NO PODER EXPLICAROS LO QUE ES , PERO SI ES UNA INJUSTICÍA MUY GRANDE ..NECESITO ESCRIBIR , EN MOMENTOS DE NUESTRA VIDA NOS HA TOCADO VIVIR PERÍODOS MARAVILLOSOS , COMO DE FICCIÓN , PERO MUY POCAS VECES LE DAMOS LA IMPORTANCIA QUE POR INFLUENCIAS TIENEN PARA EL RESTO DE NUSTRA VIDA , YO HAGO UN INTENTO DESMESURADO , PARA NO RECORDALAS ..ERAN TAN BONITAS , PERO NO ES TAN FÁCIL PORQUE HOY ES EL PRESENTE Y NO LA CASUALIDAD Y, SENTIMOS QUE SE ESTIRA LA RELACIÓN PASADA EN VEZ DE ALIMENTAR LA ACTUAL SEA LA QUE SEA ..NO HAY QUE ECHARLE LA CULPA A NADIE DE LO QUE NOS SUCEDA , AUNQUE EN MI CASO HAY MUCHOS CULPABLES , PERO SON LAS CIRCUSTANCIAS LAS QUE MUCHAS VECES NOS HACEN ALEJARNOS DE LA REALIDAD , INCLUSO HE LLEGADO A PENSAR ¿ VALE LA PENA ? ¿ PODRE SEGUIR ? HE ROGADO E SUPLICADO PERO NADA CAMBIA EL ECHO , DE NO SENTIRTE ACEPTADO , SEA CUAL FUERE EL CASO ..ESTO ME TRAE UNA CONVERSACIÓN QUE TUVE CON UN AMIGO HACE ALGÚN TIEMPO ..DE QUE SE PUEDE ENVEJECER, MADURAR, TENER TRABAJO, CASA, , PERO SIEMPRE TENDRE MIEDO DE OLVIDAR EL PASADO , PERO EL PASADO INMEDIATO , PORQUE LO DEMÁS SON RECUERDOS , MEMORIAS DE LA INOCENCIA DE TODO SER HUMANO , SÓLO PENSAMIENTOS , PORQUE POR DESGRACIA Y SIN REMEDIO TODOS PERDEMOS LA INOCENCIA ..NO HAY QUE CREER EN LAS BUENAS INTENCIONES DE TODO EL MUNDO , PERO YO ME TENGO QUE AFERRAR A ALGO , YO LE LLAMO DIOS , VOSOTROS PONERLE LO QUE QUERÍAS ..DÍOS , NO COMO AFIRMACIÓN ..SI A LO QUE AFERRARSE ..Y ESQUE DEBEMOS DEDICARNOS A LAS COSAS QUE QURAMOS MEJORAR , PORQUE EL TIEMPO PASA Y PASA , Y PARA EL TIEMPO ES MUY IMPORTANTE , SIENTO QUE CORRE MUY DEPRISA Y ME GUSTARÍA PARARLO , PERO TODAVÍA NO EXISTE ESA VARITA MAJICA , PARA MÍ , ENTONCES ES CUANDO DE UNA MANERA U OTRA NECESITO ESCRIBIR , ES LO QUE TENGO , MI UNICA SALIDA Y AQUI DESTROZO MIS CADENAS Y MUEVO LOS DEDOS PARA EXPRESAR EN LA ESCRITURA CADA UNO DE MIS PENSAMIENTOS , PARA NO CERRAR LA MENTE , EVITANDO QUE ESTALLE LA FURIA INTERIOR , DE UN DOLOR CALLADO , CUANDO POR LO LIMITADO DEL SER HUMANO Y NO POR VOSTROS , POR DIOS QUE OS QUIERO MUCHO , PERO NO PUEDO ABARCAR TODO LO QUE ME ESTA PASANDO ..PERO RECOMIENDO EXPRESARSE , VERBALMENTE O ESCRIBIENDO , PARA UNO MISMO , PARA LOS DÉMAS , PARA TODOS , PARA NO LLORAR , NI GRITAR , BUSCANDO SOLUCIONES PRACTICAS , EN TODO CASO , ME TENGO QUE PONER UNA GRAN CORAZA BIEN FUERTE CON LAS ARMAS MÁS PODEROSAS QUE TENGO , EL AMOR QUE SIENTO , LA RAZÓN Y LA PALABRA ..MI PALABRA DE QUE SEGUIRÉ ANDANDO COMO SEA ...EXPRESARSE ES EL MEJOR ANTIDOTO AL VENENO DE LA IGNORANCÍA , DEL ODIO, DE LA INJUSTICIA Y DEL DOLOR ..HOY TENÍA QUE ESCRIBIR ..Y ESTE ESCRITO , QUEDA AQUÍ ..PERO CONTINUARA

Algunas referencias:

http://justiciavslegalidad.blogspot.com/2011/11/desesperacion-de-una-madre-huelga-de.html

http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2011/11/huelga-de-hambre-anunciada-y-obligada.html

http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2011/11/por-favor-difunde-esta-verguenza-ajena.html

 

AYUDEMOS A JUANJO. PÁSALO, POR FAVOR. ENTRE TODOS, ALGO SE NOS OCURRIRÁ Sonrisa

domingo, 12 de febrero de 2012

Basureros de la muerte. Caducidad en primavera

 

Manuel Rodríguez G.

 

No hablamos de alimentos perecederos, gracias al consumismo compulsivo sistemático impuesto y abducido por las muy agresivas políticas del sistema tirano-capitalista.

Tampoco hablamos de productos que van a los basureros por la política global de producciones sistemáticas intensivas que desfalcan y asfixian irremediablemente los  recursos naturales de este planeta mal herido.

Ni siquiera hablamos de ese podrido espíritu mercantil global, cuya meta principal es la obtención a corto plazo de beneficios, a costa de quedar tras de sí un desértico futuro inmediato (antes vergel ilusionante, denominado Tierra), que con su política mercantilista y farisea ha sido infiel a un mínimo de responsabilidad ética y ecológica con la que debiera haberse gestionado conveniente, responsable y solidariamente la salud  de, este aún, nuestro planeta.

Para una multitud de niños, ya en primavera, ni eso… Habrán “caducado”, cual artículos perecederos mal gestionados, intensivamente producidos y desechados por no haber sido “demandados”.

En definitiva no eran consumidores eficientes, compulsivos compradores, prefabricados obesos ciudadanos fiscalizados por sus ya inexistentes trabajos. No eran interesantes, sólo excedentes, ni siquiera fueron ofertados antes de ser tirados al basurero de la muerte…

 

Un millón de niños africanos están en peligro de morir de hambre en primavera

 

Hambre en África

Un millón de niños están agotando sus reservas alimentarias en la zona del Sahel. (James Akena / REUTERS)

  • El hambre acecha a diez millones de personas. Solamente en Níger tres millones de niños se enfrentan a una crisis alimentaria inminente.
  • Las ONG avisan de la necesidad de actuar cuanto antes.

La organización Acción contra el Hambre (ACH) ha alertado del peligro que acecha a más de 10 millones de personas, y en especial a un millón de niños, que están agotando sus reservas alimentarias en la zona del Sahel.

Por medio de un comunicado, ACH ha advertido de que los países que integran la región africana del Sahel -Níger, Malí, Mauritania, Burkina Faso y Chad- sufrirán a partir del próximo mes de marzo un periodo de hambre de al menos seis meses de duración.

La situación es especialmente grave en Níger, según Save the Children, donde la crisis humanitaria es "inminente" a causa del aumento del precio de los alimentos y de la inseguridad en los países vecinos y donde seis millones, la mitad de ellos niños, están en grave peligro. En un comunicado, la ONG ha informado de que cinco millones de personas (de un total de quince millones de habitantes) pasan actualmente hambre en Níger.

Una crisis anunciada

"Esta es, otra vez, una crisis anunciada", ha explicado la representante de Acción contra el Hambre en África Occidental, Patricia Hoorelbeke.

Según la organización, los sistemas de alerta que siguen el registro pluviométrico, el estado de las cosechas, la biomasa disponible para pastos y los precios de los alimentos en los mercados locales, entre otros, no se equivocan:

Este año el hunger gap, el tiempo desde que se acaban las reservas de alimentos hasta que llega la siguiente cosecha, que habitualmente se produce en la región entre julio y octubre va a adelantarse a marzo.

Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde

"Esto quiere decir que entre cinco y siete millones de familias habrán agotado sus reservas de alimentos y sus mecanismos de supervivencia antes de la próxima cosecha, en octubre", ha precisado Hoorelbeke.

Así, las organizaciones internacionales de ayuda calculan que habrá al menos 2,6 millones de casos de desnutrición aguda y, de ellos, un millón de niños sufrirían desnutrición severa, el estadio más cercano a la muerte.

Según la ONG, esta crisis afectará especialmente a los niños menores de cinco años, las madres embarazadas y las madres en periodo de lactancia.

"Su situación nutricional, ya extremadamente degradada en la región, corre el riesgo de empeorar en los próximos meses si no se actúa a tiempo", precisa el comunicado.

Por eso, Acción contra el Hambre ha puesto ya en marcha un programa para mitigar los efectos de la crisis y hace un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente los donantes internacionales, a "actuar antes de que sea demasiado tarde".

El responsable geográfico de ACH para África, Rafael de Prado, ha subrayado que no hay que perder tiempo, ya que actuar ahora "no sólo va a salvar muchas más vidas, va a costar también mucho menos dinero que un despliegue de emergencia".

Fuente:

http://www.20minutos.es/