.......................Justicia vs legalidad: Denuncias públicas y divulgaciones: Menores en peligro (I)

Por Paula Ballesteros

La aplicación de la ley no garantiza la justicia. Cuando las leyes se utilizan para privatizar un bien social, el ciudadano se convierte en carroña que financia con su esfuerzo la existencia de casas donde el ser humano carece de todos los derechos que le conceden esas mismas leyes.

La Defensora del Pueblo ha retomado en el informe anual 2010 de la institución las actuaciones en los centros de menores con trastornos de conducta para advertir de que si bien las administraciones autonómicas "han incrementado su preocupación", persisten las denuncias ciudadanas por "hechos gravísimos" en estas instalaciones.

El informe, recogido por Europa Press, señala, por ejemplo, que la Defensora del Pueblo había advertido personalmente a la Consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales y a la directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia del "alto riesgo" de que un menor ingresado en el centro de Picón del Jarama cumpliera sus amenazas de dañar su integridad física.

El menor, que pretendía conseguir así que le trasladasen a otro centro, fue ingresado tiempo después en el hospital Gregorio Marañón por un intento fallido de suicidio. "En la actualidad, y mientras se sigue a la espera de la contestación oficial de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, esta Institución ha podido conocer que el menor ha vuelto a escapar de la residencia Picón del Jarama", explica el informe correspondiente a 2010.

Además, la Institución ha recibido la queja de una niña de 15 años ingresada en el mismo centro que denunciaba haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los educadores mientras la madre de otro adolescente aseguraba que su hijo "había sido objeto de contenciones muy violentas y prolongados encierros" también en Picón del Jarama.

Otro de los casos sobre los que llama la atención el informe es el de una joven de 17 años, que según su declaración, quedó embarazada de un vigilante de seguridad del centro de menores en el que estaba ingresada, hecho que la Defensora comunicó al Fiscal General del Estado. Una vez dio a luz, la Consejería madrileña de Familia y Asuntos Sociales retiró el niño a la joven y al cierre del informe, ni la Institución ni la madre conocían "su paradero ni su destino futuro".

Asimismo, la Oficina del Defensor ha recibido quejas de ex educadores que trabajaron en algunos centros de la Comunidad de Madrid, concretamente en el Hogar de El Escorial y la Residencia Infantil de Torrelodones porque habían sido testigos de "palizas y malos tratos a niños ingresados". En concreto, una ex trabajadora del primero de estos centros dijo haber visto una "paliza" de un trabajador a dos adolescentes propinada con un palo.

La respuesta dada por la Consejería madrileña ante estos hechos se recoge en un informe trasladado al Defensor del Pueblo en el que "se limita a afirmar que 'no le constan tales hechos' que tienen por objeto 'desacreditar el trabajo con los menores en la Comunidad de Madrid", conforme recoge el anuario de la Alta Institución.

En el mismo documento, la Consejera de Familia y Asuntos Sociales niega que los asesores del Defensor del Pueblo visitaran durante sus investigaciones la sala de visitas del Centro de menores de Galapagar, donde según las denuncias recogidas en el informe monográfico de la Alta Institución sobre estas instalaciones, se encerraba a los menores.

"La Consejera señala que 'le consta' que los delegados del Defensor visitaron 'todas' las dependencias del centro, siendo así que ni ella ni ningún miembro de la consejería estuvieron presentes durante la inspección realizada, y nuestros asesores confirman que no se les facilitó el acceso a la mencionada sala de visitas pese a habérselo solicitado a la dirección del establecimiento, que eludió la petición", explica el informe de la Defensora del Pueblo interina.

El ejemplo de Asturias

El Principado promueve la acogida familiar frente al internamiento de menores en centros tutelados. El importe medio de estas ayudas oscila entre un mínimo de 560 euros y un máximo de 3.920 euros anuales, en función de los ingresos de la familia de acogida y de las necesidades del menor o menores acogidos. La mayor parte de las familias receptoras -196- están viviendo actualmente con un menor en acogimiento, mientras que 63 familias tienen a dos menores acogidos, 16 familias tienen a tres y cinco familias tienen en acogimiento a cuatro menores.

¿Quienes y bajo qué criterios pueden retirar la tutela de un niño a sus padres? Indudablemente he de reconocer que existen profesionales en los centros de menores que dedican todo su tiempo y responsabilidad a la atención de menores, en muchos casos conflictivos víctimas de familias desestructuradas en las que los menores tienen alto riesgo para su desarrollo moral y físico.

Muchos de estos profesionales han sido protagonistas de las denuncias contra centros en los que desarrollaban su trabajo ocasionando con ello pasar a engrosar las filas de los perjudicados por este bien social, al que amparado por la ley y financiado por dinero publico, se le permite privatizarse. Desde el momento en que se convierte en empresa privada pierde el derecho a la privacidad que todo negocio tiene ante la ciudadanía.

Cualquier empresa rinde cuentas a Hacienda, paga sus impuestos y últimamente cierra sus puertas, ante la incapacidad y falta de ayuda de la administración, para seguir manteniendo los puestos de trabajo que durante años ha ofrecido. Naturalmente me refiero a pequeñas y medianas empresas que son las que ofrecían el 73% de ocupación en el sector laboral. Los grandes empresarios tienen ventajas fiscales aunque solo lleguen al restante 27% de ese sector.

Esto mismo parece suceder en los organismos públicos creados para acceder a las jugosas subvenciones que conceden a negocios privados con el apellido ORG. En cualquier Junta centros tutelados se levantan como amenazantes cárceles en las que los llamados servicios sociales deciden como se llena el cupo de internos para seguir justificando su supervivencia.

Recibo continuamente quejas de familias inmersas en esta situación, padres de cualquier punto geográfico que no se conocen de nada pero coinciden en hechos fundamentales de la ignominia que se ha cometido con ellos: Niños que a pesar de informes positivos del centro escolar al que asistían (higiene, atención, nutrición) han sido secuestrados para llevarlos a un centro con régimen de visitas y comunicaciones telefónicas restringido porque lo dice el centro.

Madres desesperadas sin saber a donde dirigirse para que les devuelvan a sus hijos. Todos las historias que me cuentan coinciden en algo terrible, los niños han sido llevados al centro sin la autorización de sus padres y sin la presencia de estos, sacados de sus colegios a pesar de la oposición de los directores de estos.

Otras, bajo la amenaza de tirar la puerta abajo, como la historia que sigue a continuación, han visto como su hijo desaparecía sin saber a donde y bajo qué orden judicial. Si esta orden existe, tiene que ser comunicada con tiempo suficiente para ponerse en manos de un profesional que se oponga. Nadie, cuando pregunto, ha tenido ese derecho. El expediente se les niega reiteradamente y cuando lo consiguen contiene errores tan llamativos como fechas de entrada, nacimiento o incluso nombres.

Hay una niña llamada Alba inscrita con el nombre de soltera de la madre, a pesar de que ésta ha mostrado el libro de familia, en el que su hija tiene los apellidos que el marido de la madre le ha dado. Ante esta reclamación, la directora del centro responde que la niña tiene unos apellidos por los que se la conoce y no va a corregirlos.

Me llama la atención la intromisión, que bajo el nombre del bien del menor, se ejerce sobre familias que aunque no tengan recursos económicos, cuidan con los que tienen de sus hijos. Me asombra que el bien del menor dependa de la cifra que por cada interno se concede y me indigna que ese dinero forme parte de los impuestos que pagamos con nuestro trabajo.

Las entidades bancarias financian con sus obras sociales muchos de estos negocios del dolor y la financiación nos la cobran antes al titular de una cuenta en comisiones ilegales declaradas así por la Unión Europea, que nos vemos obligados a disponer del fruto de nuestro trabajo a través de esa cuenta. La trama es maquiavélica y las asociaciones de padres y madres unidos por la necesidad de arroparse en su desgracia, resultan molestos, invisibles, mudos.

La maquinaria social se pone en marcha y muchas veces su punto de partida es la visita de una madre a servicios sociales en demanda de ayuda. A partir de aquí si tus datos quedan registrados, estás en el punto de mira que sobre esa familia ejercen con lupa.

Informes psicológicos sirven de apoyo para que tus hijos pasen a la categoría de abandono y por tanto necesitados de tutela bajo la administración que interna a esos niños (los hermanos son separados en centros diferentes por edades) en los centros de menores en los que queden plazas por llenar.

Gracias a las denuncias ciudadanas apoyadas por trabajadores de esos centros se han conseguido cerrar algunos, desde esta página animo a todas las familias que pelean por sus hijos. Si no quisieran estar con sus hijos, declarados sin embargo en situación de abandono, no serían reclamados: antes de quitárselos, según la ley incumplida, esas familias tendrían derecho a percibir ayuda para poder atender las necesidades de ese menor.

Exijo, como ciudadana que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de esos centros que la Fiscalía de Menores, Defensor del Pueblo y Defensor del Menor una investigación con auditoria de toda la contabilidad y sistemas empleados para separar a los niños de sus familias. Reclamo conocer con absoluta claridad las cantidades que se conceden por cada menor ingresado en un centro detallado por Juntas. Las cantidades que se conceden a las familias que acogen a los menores y por qué en muchos casos esos niños son arrancados de esas familias para internarlos en centros.

Esto es un derecho del contribuyente, a quien no se nos puede ocultar el empleo del dinero público, tenemos derecho a saber a quienes financiamos y negarnos a ello si no estamos de acuerdo. Hacienda somos todos, ¿sólo para pagar?