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- La crisis ha hecho aumentar el ingreso de menores en centros.
- El aumento de la pobreza ha disparado el número de menores que pasan a ser tutelados por la administración.
- Actualmente, la Fiscalía investiga hasta 600 casos de niños en situación de riesgo en Barcelona.
Las familias pobres pierden la custodia de los hijos al perder el piso y por otras situaciones relacionadas con la pobreza (peleas, abandono, alcoholismo, etc).
Las leyes de “protección” de la infancia sólo están hechas para los hijos de pobres
Las familias ricas envían a sus hijos a internados o tienen la asistenta.
Los niños son los que más sufren cualquier tipo de crisis, y la económica no es una excepción.
El aumento de la pobreza en los últimos años ha elevado el riesgo de muchos menores de acabar siendo tutelados por la administración, un giro determinante para su futuro. Así lo constata la Fiscalía de Menores de Barcelona, que ve como la precariedad económica está agravando situaciones familiares y está aumentando los factores de riesgo para los niños, por lo que obliga en algunos casos a sacarlos de casa. Padres que dejan al niño sólo muchas horas para trabajar o buscar trabajo o niños que llegan a la escuela sucios y desnutridos son casos que cada vez más acaban haciendo que la administración asuma la tutela de la criatura.
Toni Morales, secretario de la Fundación Juvanteny, que gestiona tres centros de menores tutelados de la Generalitat, asegura que la crisis ha supuesto un rebrote de los ingresos de menores en estos centros por causas que habían sido habituales antes de los 90 pero que entre 1994 y 2005 habían desaparecido casi por completo: “familias pobres”. “El aumento de la inmigración y la crisis han hecho que, desde 2008, muchos niños lleguen por razones económicas que han degenerado en situaciones de alcoholismo o depresión de los progenitores”, explica.
Atender primero dentro de la familia
Tal como recuerda el fiscal delegado de Menores en Barcelona, Juan José Márquez Bonvehí, la situación económica por sí sola no es determinante para decidir separar un niño de su familia, sino que se ‘han de dar otros factores que demuestren una desatención grave del niño y, sin embargo, “la solución debe intentar siempre ayudar primero la familia”. Pero algunas organizaciones denuncian que no siempre se sigue este principio. El portavoz del Colectivo DRARI por los Derechos de los Niños dice que los “errores y la descoordinación” administrativa comportan de manera “muy frecuente” una retirada injusta de la tutela a los padres . “El patrón que se repite los últimos años es el de la madre soltera inmigrante que no tiene familia ni amigos aquí que le ayuden a quien acaba retirando el niño porque es la salida más fácil”, dice Galea, de DRARI y explica varios casos como “el de una madre que estuvo cuatro meses pidiendo ayudas públicas para poder atender a su hijo enfermo y al que al final tomaron el niño”.
Desde la Fiscalía de Menores, donde se investigan actualmente 600 casos de niños en situación de alto riesgo para decidir si deben ser tutelados, responden que los recursos sociales son limitados y que hay que priorizar la atención a los menores. “A veces puede resultar injusto pero no nos podemos permitir que el niño continúe en según qué situaciones”, dice una de las fiscales encargadas de estos casos.
LOS MÁS VULNERABLES
Los menores pagan a menudo los efectos de la crisis a las familias en forma de desamparo o desatenciones graves debido a la pobreza. Según la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) hay un 6% de incremento anualizado de nuevas tutelas.
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