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Crónica Social
Los derechos relacionados con la educación de las personas con discapacidad son, por segundo año consecutivo, los más vulnerados, o al menos la vulneración que más se denuncia, dentro del colectivo español de estos ciudadanos.
Así lo pone de manifiesto el Informe Solcom 2011 sobre Derechos Humanos en España, que se presentó este lunes en Madrid y que denuncia que las administraciones públicas de todo el Estado continúan violando estos derechos, pese a estar vigente desde 2008 la Convención de la ONU que los recoge.
El citado texto normativo es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fija, entre otros, el de la educación, la accesibilidad o el trabajo.
De todos los derechos recogidos en esta convención, los más vulnerados en España durante el último año son los relacionados con la educación, que representan casi el 50% del total, la accesibilidad, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el de vivir de forma independiente y el de la protección de la integridad personal.
Las que tienen que ver con la formación ocupan en este informe, igual que en el anterior, el primer lugar de la lista y lo hacen, tal y como explica el trabajo, sobre todo, por la exclusión de la educación normalizada que viven muchos niños y jóvenes con discapacidad.
Según afirmó en la presentación del trabajo Javier Romañach, asesor de la Asociación Solcom para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social, es "espectacular" el aumento de denuncias relacionadas con la tortura, que si el año pasado representaban el 1,1% del total, éste suponen el 16,9%.
Otro aspecto que a su parecer merece destacarse es que este año se han denunciado más casos de vulneración de derechos a personas con discapacidad en los tribunales de los registrados en el trabajo de 2010.
Así, si en el primer estudio el porcentaje de denuncias que llegaron a los tribunales fue del 16,7%, en el segundo la cifra asciende hasta el 33,3%. La mayoría de las injusticias siguen quedándose en la prensa.
Para realizar este informe, los autores han analizado denuncias llegadas a los tribunales, aparecidas en prensa o recogidas en asociaciones como Solcom y otras similares.
Finalmente, el informe de 2011 concluye que la respuesta de las administraciones y de la sociedad civil ante casos "graves" de vulneración de derechos a personas con discapacidad es "alarmantemente inexistente", por lo que insta a la ciudadanía a que cambie esta actitud.
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