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Manuel Medina
De manera impropia y generalizada los medios de comunicación califican al conjunto de personas que se dedican a la actividad política en el Parlamento, el Gobierno, los Ministerios, las Instituciones autonómicas y municipales como “la clase política”. Sociológicamente, sin embargo, las clases sociales están definidas por su relación con los medios de producción.
En las sociedades capitalistas existen dos clases fundamentales, con intereses irreconciliablemente contrapuestos. La burguesía, compuesta por los propietarios de estos medios, que -además de poseer una serie de características e intereses comunes- se apropian de las plusvalías generadas en el proceso productivo.
Y los asalariados, que forman a su vez otra clase social, definida en base a este mismo criterio. Los miembros de esta clase mayoritaria sólo poseen su fuerza de trabajo, su capacidad para producir, que deben vender a los dueños de los medios de producción a cambio de un salario.
Por supuesto, junto a estas dos clases -principales precisamente porque entre ellas se produce el conflicto fundamental dentro de esta formación socio-económica- existen otras capas, clases sociales o agrupaciones con carácter de clase. Es el caso de las denominadas “capas medias” (pequeños comerciantes, pequeños propietarios rurales, profesionales privados de la medicina, el derecho, la arquitectura, etc). El concepto de “clase social” se refiere, pues, a grupos de personas que se diferencian de otras por el puesto que ocupan en un sistema de producción social determinado.
Quienes -según la denominación impuesta por los grandes medios de comunicación y reproducida acríticamente incluso en los ámbitos de izquierda- constituirían la “clase política”, son en realidad individuos dedicados a una actividad circunstancial y limitada en el tiempo, que no tiene ninguna relación directa con el proceso productivo.
Los políticos instalados en las instituciones ni compran ni venden “fuerza de trabajo”.
La definición mediática de “clase política”, por tanto, es errónea, intencionadamente confusa y encubridora. Al ser los políticos ejercientes quienes más frecuentemente aparecen en los medios de comunicación se les presenta como los únicos responsables de los desaguisados que genera la naturaleza contradictoria de la estructura económica capitalista.
No es, sin embargo, la mal llamada “clase política” la que se embolsa los miles de millones que genera el sistema de explotación burgués. Los políticos institucionales solamente son testaferros al servicio de las elites dominantes, que reciben suculentas migajas en compensación por su trabajo bien realizado. Sociológicamente, los políticos del establisment no constituyen, como se dice, una ininteligible clase social de “quita y pon”.
No resulta sencillo, sin embargo, categorizar a las casi 80.000 personas que se dedican a la actividad política institucional en el organigrama del aparato del Estado monárquico español, determinando en qué se han transformado socialmente.
Pero si entendemos el término “casta” como “el conjunto de individuos especializados por su función en la organización social y que disfrutan de determinados privilegios”, posiblemente ésta resultaría una definición más afortunada que el desatinado término “clase política”. Tener claros estos conceptos resulta fundamental, pues de ello depende que podamos interpretar correctamente el tipo de sociedad en la que nos ha tocado vivir.
¿A quiénes representa la casta política en las instituciones?
Los políticos no son, por tanto, una “clase” social propiamente dicha. Sí representan, en cambio, los intereses de determinadas clases sociales en las instituciones. Esta no es una afirmación gratuita. Cualquier ciudadano medianamente atento a la actualidad económica puede descubrirlo por sí mismo.
Cuando las mayorías parlamentarias del PSOE y del PP dan su aprobación para que el Ejecutivo ponga en manos de las grandes corporaciones privadas la empresa estatal AENA, ¿los intereses de quiénes están defendiendo?
Cuando PP y PSOE, junto a otras minorías parlamentarias, coinciden en la decisión de detraer de los fondos públicos centenares de miles de millones de euros, patrimonio de toda la sociedad, para ponerlos a disposición de la Banca privada, ¿están defendiendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos?
Cuando los políticos socialdemócratas del partido en el Gobierno imponen una reforma laboral que arrambla con las conquistas sociales arrancadas por los asalariados en el curso de decenios, ¿están defendiendo los intereses de las clases trabajadoras?
Por lo general, en la geografía institucional del aparato estatal español aquellos que integran lo que aquí estamos denominando como “casta” representan los intereses de las clases hegemónicas de la sociedad española: es decir, de los grandes grupos financieros, de los propietarios y accionistas mayoritarios de la gran Banca, de los dueños de los consorcios industriales, de las multinacionales, etc.
Orígenes de la casta política en el estado español
Las peculiaridades de la “casta” que controla el conjunto de las instituciones españolas encuentran su entronque histórico en el precedente Estado franquista. A la muerte del dictador en el Estado español no se produjo una ruptura política que sustituyera a la vieja máquina del Estado autoritario por otra de carácter más democrático.
Con la denominada “Transición” a la democracia se estableció un nexo de continuidad entre quienes hasta entonces habían administrado el aparato autocrático de Franco y quienes a partir de entonces aspiraron a gestionarlo. Teniendo en cuenta las fórmulas que se utilizaron para poner en marcha esta peculiar “Transición” entre uno y otro régimen político, difícilmente las cosas habrían podido ser distintas.
Romper radicalmente con la institucionalidad anterior hubiera supuesto quebrar la propia legitimidad del Monarca, designado heredero por el mismo artífice del desgastado aparato institucional autocrático. Una opción que no estaban dispuestos a admitir ni quienes habían administrado el aparato estatal de la dictadura, ni las clases sociales dominantes que durante casi cuarenta años usufructuaron la victoria de 1939.
No obstante, para que la insólita pirueta de la “Transición” tuviera visos de legitimidad fue precisa la anuencia y el decidido apoyo del Partido Comunista de España , la única organización política que durante casi cuatro décadas llevó el peso fundamental de la oposición a la dictadura. Los grupos minoritarios teóricamente situados a su izquierda que durante unos pocos años se resistieron a aquella indigna y suicida operación de recambio fueron rápidamente barridos, cuando no integrados en la nueva estructura del Estado monárquico. El propio PCE, al que no pocos auguraban un importante papel en la España postfranquista, resultó víctima dramática de su propia traición.
La constitución de la casta
La dinámica del proceso político de los últimos treinta y cinco años ha ido forjando una polarización entre los dos partidos políticos mayoritarios existentes en el Estado Español, el PSOE y el Partido Popular, fundada en premisas falsas. Teóricamente, el primero representaría a “la izquierda”, a los sectores populares, a los asalariados; mientras que el segundo aparece ante la sociedad como el genuino valedor del libre mercado, de las capas medias altas, de la tradición y de las clases poderosas. Sin embargo, tal imagen es en gran parte un puro espejismo engañoso que responde a un diseño impuesto deliberadamente.
Ambas organizaciones políticas -PP y PSOE- han respondido siempre, con ligeras diferencias de matices, a la voz de los que realmente gobiernan: las clases que detentan el poder económico.
El régimen político español, que no solo acumula su propia experiencia sino también la de otros Estados con más larga trayectoria en la institucionalidad histórica burguesa, ha construido un sistema de alternancia mediante el cual ambos partidos se reparten periódicamente la responsabilidad de la Administración del Estado, de los llamados poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, contrariamente a lo que generalmente se piensa, el aparato de la Administración del Estado no es “El Poder”. El Poder efectivo, aquel que realmente determina el sistema económico que debe regir al conjunto de la sociedad, emana de otras áreas, y es detentado con exclusividad por las clases socialmente hegemónicas.
Obviamente, ni uno ni otro partido cuestionan la existencia del sistema capitalista. Ambos coinciden en que éste es inamovible y en que, en cualquier caso, lo que puede intentarse es corregir sus aspectos más lacerantes. Cuando en determinadas circunstancias el sistema, por la naturaleza misma de sus contradicciones, entra en una fase de peligro o es cuestionado por sectores situados fuera de él, tanto el PP como el PSOE se aprestan a defender al unísono y con energía su existencia, utilizando para ello, si es preciso, todos los mecanismos represivos que el Estado ha puesto en sus manos.
La ficción de la alternancia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias crea en la ciudadanía una falaz esperanza. Cuando se sitúa frente a las urnas el votante lo hace con la convicción de que dispone de una cierta capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos, en uno u otro sentido. Alimentar entre los electores esta perspectiva, absolutamente ilusoria, contribuye a relajar relativamente las tensiones que se producen en el seno de la sociedad. El simulacro electoral actúa así como eficaz válvula de escape de la presión social.
Características comunes de la casta
El hecho de que las diferencias entre el Partido del Gobierno y el Partido de la Oposición sean meramente circunstanciales, y no afecten jamás a cuestiones de carácter esencial, ha permitido que en el curso de los tres últimos decenios en la Administración política del Estado español se haya ido creando una compleja red de prebendas, canonjías e intereses, cuyos usufructuarios directos son aquellos que se dedican a la actividad política institucional. No se trata de regalías ilegalmente disfrutadas. Por el contrario, a lo largo de las últimas décadas los miembros de la Casta han ido elevando progresivamente sus privilegios a categoría de ley. Por supuesto –como se encargan de recordarnos diariamente las noticias- el ejercicio de la función política institucional ofrece también, en numerosísimos casos, magníficas oportunidades para participar en sustanciosos negocios delictivos.
Para concluir estas breves reflexiones sobre la caracterización de los políticos institucionales sus funciones y los privilegios asociados a las mismas, veamos algunos ejemplos que pueden resultar sumamente ilustrativos:
- UN CIUDADANO COMÚN de cualquier parte del Estado español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales. Aquellos que integran la casta de los políticos institucionales, sin embargo, poseen el derecho a disfrutar de pensiones vitalicias considerablemente superiores. Los miembros más destacados de la casta pueden disfrutar hasta de 74.000 euros. Ni que decir tiene que estas pensiones no son incompatibles con la recepción de otros sueldos de la Administración del Estado o con otras actividades de carácter económico. A un diputado o senador se le exige permanecer solo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima. Mientras que a Juan Canario (*), ciudadano común de nuestras islas, la ley le exige 35 años cotizados para disfrutarla.
- EL PRESIDENTE DEL CONGRESO José Bono cobra entre sueldo y complementos 13.856 euros al mes. Como diputado 3.126 euros; 3.605 euros por complementos; 3.915 euros por gastos de representación y 3.210 euros de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales por comidas, regalos y actos de protocolo. En estas cantidades no están incluidas las indemnizaciones previstas por ley para sufragar "gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función".
- LA RETENCIÓN DE NÓMINAS de diputados y senadores es sólo del 4,5%.
- IBARRECHE, IBARRA, MONTILLA, CHAVES, MANUEL FRAGA, PUYOL, ARZALLUS, ZAPLANA, ex-presidentes de diferentes autonomías, tienen sueldos blindados de por vida, pensiones, coches secretarias, escoltas, despachos…
- MANUEL CHAVES cobra al año 81.155 euros por ser ministro, más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.
- EL CONGRESO GASTA cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros.
- RODRIGO RATO, ex ministro del gobierno de Aznar y ex presidente del FMI, regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. A esa cantidad deben sumarse los 37.070 euros mensuales que Rato percibía como ex ministro del gobierno de Aznar. Juan Canario necesitaría cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año.
- 52 POLÍTICOS NACIONALES ocupan cargos en 74 fundaciones distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político. ¿Cuál es la importancia de estas “fundaciones”? La normativa legal prohíbe a los grupos políticos recibir donaciones de empresas que tengan contratos en vigor con la Administración del Estado, pero no rige similar regulación en relación con las millonarias “Fundaciones” de los partidos políticos. Una gran constructora que espera la concesión de una autopista no puede “donar” fondos al PSOE, pero sí puede inyectarlos, por ejemplo, en la “Fundación Pablo Iglesias”. Las “fundaciones” son cajas B, donde no se enseña lo que se hace y sirven de caldo de cultivo para posibles tramas de corrupción, como ya se ha dado”. Esto decía Ana Noguera, responsable de Cultura del PSOE valenciano en relación, naturalmente, con las Fundaciones del Partido Popular.
- SÓLO EL 33% DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO se dedica en exclusiva a su función política como tal. El resto engrosa sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, Fundaciones y variadas colaboraciones. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias.
- OFICIALMENTE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL SISTEMA invirtieron 66,6 millones de euros en la campaña electoral del año 2008. De esa cantidad, 44 millones fueron prestados por la Banca. En el curso de ese año estas mismas entidades embargaron las viviendas de 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo y en la calle. Las organizaciones políticas institucionales deben a los bancos la friolera de 144,8 millones de euros.
- CADA PARLAMENTO AUTONÓMICO, diputación o Ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.
- NO EXISTEN MECANISMOS OFICIALES que controlen la asistencia de los políticos a su trabajo.
- JESÚS CALDERA, el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.
- EN EL ESTADO ESPAÑOL hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.
- NO POCOS DIRIGENTES AUTONÓMICOS usan automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, por ejemplo, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi.
- EL ANDALUZ CHAVES, tenía 234 coches oficiales a su disposición. Lo mismo que sucede con Camps en Valencia. Este dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos son de marca Volvos S80, de 40.000 euros.
- CHAVES COBRA al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la Presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. El resto de los ciudadanos del Estado español lo tiene prohibido por ley.
- LOS PARLAMENTARIOS QUE NO VIVEN EN MADRID reciben, además de su sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los que sí viven en la capital del Estado reciben 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos “modestos” complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Cobran, además, 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.
- HASTA HACE TAN SOLO UNOS MESES, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El socialista Enrique Barón, por ejemplo, contrató a varios familiares y a la hija de un militante afín. En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido.
- ALFONSO GUERRA REINA, es el hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue designado a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Alrededor de unos 140 millones al año se van en los sueldos de 1.200 recomendados. Con esa cantidad se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.
- NO HAY LIMITE LEGAL para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava. Un ejemplo de descontrol es el del socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta.
- LOS SENADORES cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono.
- LOS SUELDOS DE LOS POLI TICOS ELECTOS, alrededor de 80.000 individuos/as, cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año . Esa cantidad supone el presupuesto anual de toda la red ferroviaria; tres veces la cantidad dedicada al cuidado del patrimonio nacional y unas 60 veces más que lo que se invierte en la salud bucodental de los jóvenes.
- LA POLÍTICA DEL PSOE LEIRE PAJÍN, fue en el año 2000 la diputada más joven del Estado español. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado . Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.
- LOS EX MINISTROS mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan esa cantidad con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.
- PEDRO SOLBES el ex ministro de Economía de Zapatero, tras dejar la política en abril de 2009, se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). Solbes, pues, percibe una jubilación cinco veces superior a la de Juan Canario.
- EL SECRETISMO SOBRE LOS GASTOS llega al límite de lo absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y el contenido de los mismos es sólo conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber todo acerca de las buenas acciones de los políticos, pero sólo los miembros de la casta conocen los datos sobre el fraude.
- A LOS SEÑORES DIPUTADOS que no disponen de coche propio, el Parlamento les proporciona una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que puedan transitar libremente por Madrid en taxi.
(*) Personaje que define al ciudadano medio del Archipiélago canario.
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